Aspectos a Tener en Cuenta Impuesto Sobre Sociedades 2015. Principales Modificaciones | Pascual López

Aspectos a Tener en Cuenta Impuesto Sobre Sociedades 2015. Principales Modificaciones

Hola a todos:

Ante la inminente llegada del periodo en el que venimos a dar cumplimiento a una obligación tributaria tan relevante para todas las compañías que operan en nuestro territorio, conviene tener presente aquellos aspectos esenciales que deberemos de tener en cuenta de cara a su presentación, pues se trata de la primera declaración que presentaremos aplicando la nueva Ley 27/2014.

Dentro de esta Ley 27/2014 hay un aspecto que para mí resulta esencial y es la incorporación al texto normativo de la Ley del Impuesto de Sociedades de una laguna que existía en la normativa anterior, concretamente, la existencia del concepto de actividad económica en sí y muy especialmente el concepto de entidad patrimonial.

Concepto de Actividad Económica y Concepto de Entidad Patrimonial

En cuanto al concepto de actividad económica, se hace una introducción muy similar al concepto de actividad económica en IRPF y se añade un aspecto interesante respecto a la actividad de arrendamiento, en idénticos términos que en el IRPF.

 Insistir, que tanto la Dirección General de Tributos, como los propios tribunales, ya venían manifestándose sobre la actividad de arrendamiento de inmuebles, como actividad económica en el seno del Impuesto Sobre Sociedades, con remisión a lo que disponía la normativa del IRPF, a mi entender sin demasiado sentido, por tanto ahora, con la entrada en vigor de la Ley 27/2014, esta laguna queda cubierta, regulándose cuando la actividad de arrendamiento se va a considerar actividad económica.

Por tanto, para que la actividad de arrendamiento se considere actividad económica se establece la necesidad de tener a una persona empleada con contrato laboral y jornada completa. En el ámbito del grupo mercantil, el concepto de actividad económica se determinará teniendo en cuenta a todas las entidades que formen parte del grupo.

A partir de ahora, deja de exigirse el requisito del local afecto a la actividad.

Señalar también como aspecto relevante, la incorporación del concepto de entidad patrimonial, produciéndose una diferenciación entre el concepto de entidad patrimonial a efectos del Impuesto sobre Sociedades y a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio.

Esta diferenciación, empieza a traer algunas consecuencias que pueden ser perniciosas, pues podemos estar configurando la actividad de arrendamiento como actividad económica en el ámbito del Impuesto Sobre Sociedades y sin embargo ya tenemos algunos pronunciamientos de la Dirección General de Tributos, que reconocen el carácter de la actividad económica exclusivamente a efectos del Impuesto sobre Sociedades y por tanto no a efectos del Impuesto Sobre el Patrimonio.

El punto de partida inicial para la configuración de una entidad como patrimonial, se da para uno y otro impuesto, cuando más de la mitad del activo, está constituido por valores y elementos no afectos.

En el impuesto sobre el patrimonio, en la configuración de una entidad como patrimonial, además del requisito anteriormente señalado, se hace una referencia temporal, esto es, durante más de 90 días del periodo impositivo, mientras que en el impuesto sobre sociedades, se obvia completamente esa referencia temporal de más de 90 días y se opta por considerar hacer el análisis del requisito de más de la mitad del activo constituido por valores y elementos no afectos, en función de la media de los balances trimestrales.

Por tanto, se determinarían los porcentajes que resultan de cada balance trimestral de elementos patrimoniales no afectos y de los valores y cuando esa media, es decir, la suma de estos elementos dividido entre 4 nos dé más del 50%, estaremos ante una entidad patrimonial.

El segundo aspecto, en el que difieren también ambas normas, es en el patrón que toman como referencia, para evitar la llamada patrimonialidad sobrevenida. En el ámbito del Impuesto sobre el Patrimonio, a efectos del cálculo reseñado en el párrafo anterior, se establece que no se computarán aquellos bienes que hayan sido adquiridos con beneficios procedentes de la actividad económica desarrollada por la entidad, obtenidos en ese ejercicio y en los 10 ejercicios anteriores. Esto da un margen de amplitud grande para evitar la patrimonialidad sobrevenida, pues cualquier elemento patrimonial que haya adquirido la entidad, con los beneficios generados por la actividad desarrollada en los últimos 10 años, me permite no computarlo de cara a valorar si se supera o no el 50%.

En el ámbito del Impuesto sobre Sociedades, la configuración es mucho más limitada, primero por los periodos, ya que solo me computan los beneficios del propio ejercicio y de los 2 anteriores, pero es que además, no se me permite excluir para el cómputo cualquier elemento patrimonial, sino solo y exclusivamente, dinero y crédito en la medida en que proceda de beneficios obtenidos por el ejercicio de una actividad económica.

Por tanto, no debemos relajarnos en este aspecto, pues se podría dar la paradoja de que entidades que no tienen la consideración de patrimoniales en el Impuesto sobre el Patrimonio, sí que tengan la consideración de patrimoniales de cara al Impuesto Sobre Sociedades.

La nueva Ley 27/2014 detalla las consecuencias de que una sociedad sea calificada como sociedad patrimonial, siendo las principales consecuencias las siguientes:

  • Limitaciones a la aplicación del régimen de exención de las rentas derivadas de la transmisión de participaciones en otras entidades.
  • Limitaciones a la compensación de bases imponibles negativas en el supuesto de adquisición de participaciones en entidades inactivas.
  • Imposibilidad de acogerse al Régimen de Entidades de Tenencia de Valores en el Extranjero.
  • Particularidades en el Régimen de Transparencia Fiscal Internacional para el caso de transmisión de participaciones en entidades patrimoniales.
  • No aplicación del tipo reducido del 15% para entidades de nueva creación.
  • No aplicación del régimen de empresas de reducida dimensión.

A continuación daré traslado de algunas consultas de la Dirección General de Tributos relevantes, concretamente la V3915-15, donde se viene a suavizar el requisito del empleado contratado a jornada completa, al considerar que en el ámbito de sociedades, no de persona física, existen supuestos en los que es más que evidente, la existencia de una actividad económica empresarial que precisaría para su gestión de esa persona, pudiéndose optar en lugar de contratar a esta persona por externalizar la gestión y solicitar que sea un tercero, el que preste este servicio.

 Esta externalización solo se está admitiendo para Impuesto sobre Sociedades y no para Impuesto sobre Patrimonio, algo que resulta cuanto menos poco entendible.

Otra consulta también interesante, sería la V3940-15, pues viene a reiterar un criterio ya antiguo de la Dirección General de Tributos, pues no se computarán a efectos de determinar si una entidad tiene el carácter o no de patrimonial, el conjunto de valores o de elementos no afectos que otorguen una participación superior al 5% y que se mantengan con la intención de gestionar esa participación, así como para tomar las decisiones relativas a la propia participación, siendo importante que la entidad disponga de medios materiales y personales, aunque mínimos, que se ocupen de la gestión ordinaria de la sociedad participada mediante la adecuada administración de las participaciones poseídas.

He querido detenerme un poco más en estos dos aspectos tan relevantes (concepto de actividad económica y concepto de entidad patrimonial), pues estoy convencido que muchas empresas debido a la configuración de su patrimonio, podrían estar dentro de las denominadas patrimoniales con las correspondientes pérdidas de incentivos de cara al Impuesto Sobre Sociedades que ya he detallado con anterioridad.

A continuación, voy a entrar a detallar algunos aspectos relevantes, de la propia declaración del Impuesto sobre Sociedades, en cuanto a la determinación de la base imponible, la diferencia de ajustes, etc.

Cuando nos enfrentamos a la declaración del Impuesto Sobre Sociedades de cualquier ejercicio, yo lo primero que propongo es poner todas las declaraciones informativas del año en cuestión encima de la mesa y procurar que la declaración que se vaya a comunicar no tenga descuadre alguno con ninguna de las declaraciones informativas reseñadas. El más mínimo descuadre con las declaraciones informativas ya comunicadas, conllevaría a una comprobación tributaria con total seguridad, salvo en aquellas situaciones donde este descuadre sea imposible de eludir, pero que por lo menos sepamos la respuesta que tenemos que tener preparada para cuando gestión tributaria nos llame. Esto es lamentable, pero creedme que es así, pues la AEAT funciona de esta forma.

Cada vez que hablo del Impuesto Sobre Sociedades, me resulta imposible empezar a desarrollar la base imponible, sin hacer referencia previamente a 2 preceptos que para mí son fundamentales en el Impuesto y son sobre los que pivota toda la filosofía del Impuesto sobre Sociedades, siendo el primero el artículo 10.3 que configura la esencia de la determinación de la base imponible.

La base imponible, según propugna el artículo 10.3, es el resultado contable, salvo que se diga lo contrario y se genere el correspondiente ajuste extracontable.

Visto esto así, la contabilidad adquiere una importancia suprema en la determinación de la base imponible, por ello la norma precisa con acierto, que no vale cualquier resultado contable para determinar la base imponible, sino que solo vale aquel resultado contable que se haya determinado aplicando las normas y principios contables.

Por tanto, si has determinado tu resultado contable cumpliendo las normas y principios contables, este resultado de referencia servirá para determinar la base imponible, caso contrario la administración, estará expresamente legitimada para modificar el resultado contable en relación con lo propugnado en el artículo 131 a los solos efectos de determinar la base imponible.

El siguiente artículo de importancia capital en el Impuesto Sobre Sociedades, es el artículo 11.3 párrafo primero, relativo al principio de inscripción contable.

 Este principio, viene a exigir, que para que yo pueda imputar fiscalmente un gasto, lo tenga imputado en la cuenta de PYG o en cuentas de reservas, cuando la normativa contable así lo establezca.

Solo hay una excepción al principio de inscripción contable, concretamente en la amortización acelerada y en la libertad de amortización y también en el régimen especial de leasing, conforme al artículo 106 apartado 7, donde de manera expresa dice que la deducción del mayor gasto que deriva del régimen especial, no está condicionada a su inscripción contable.

Este principio es básico, pues si te quieres deducir un gasto, o lo tienes contabilizado, o por el contrario, de manera expresa la norma te debe permitir que te lo deduzcas sin tenerlo contabilizado.

Este artículo es relevante en 2015, pues ya en 2014 sabíamos que tanto para 2015 como para 2016 había prevista una rebaja de tipos en relación al Impuesto de Sociedades, que agudizando el ingenio, podría provocar en los contribuyentes, posibles desplazamientos de parte del beneficio de un año al año siguiente, con la intención de pagar menos impuesto y retrasar el pago del mismo.

Esta maniobra quedaría erradicada conforme a lo establecido en el artículo 11.3 primero, pues el gasto o el ingreso se deben computar en el ejercicio del devengo.

 En resumen, el artículo 10.3 establece que la base imponible es el resultado contable, salvo que se diga otra cosa distinta. El artículo 11 empieza precisamente a decir cosas distintas de lo que establece la contabilidad, esto es, establecer criterios fiscales de imputación temporal, que difieren en algunos casos de los que establece el criterio contable.

En el ámbito del Impuesto Sobre Sociedades a diferencia de lo propugnado en el Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas, el criterio de caja no existe, sino que rige el criterio del devengo. El apartado 2 del artículo 11 nos indica que cualquier petición de aplicación de criterio distinto del devengo en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades, solo y exclusivamente, puede aplicarse en la necesidad de este otro criterio, para cumplir con la imagen fiel de la compañía.

Imputación Temporal de Ingresos y Gastos

Una de las novedades que se incluyen en el actual artículo 11 es la incorporación de las consecuencias de los cargos y abonos en reservas por cambios de criterios contables. La NRV 22 establece los cambios en criterios contables, errores y estimaciones contables. Cabe recordar que los cambios en las estimaciones contables, conforme a lo establecido en la NRV 22 se producirán de forma prospectiva (de ahora en adelante), mientras que los cambios en criterios contables y correcciones de errores se producirán de forma retrospectiva (cargar o abonar diferencias en cuentas de reservas)

Los cargos o abonos a reservas en relación con los cambios de criterio contable, producirán efectos fiscales, salvo que como consecuencia del cambio, se hubiera producido ya la contabilización de gastos o ingresos, que con arreglo al criterio aplicable en ese momento, fueran ajustados a la norma fiscal y hubieran tenido incidencia en la cuenta de pérdidas y ganancias y también en la base imponible.

En la medida, en la que cuando yo aplicaba el criterio lo estaba haciendo bien, tanto  al amparo de la norma contable como al amparo de la norma fiscal, un posterior cambio de criterio, no va a generar efectos en la base imponible, porque el cambio de criterio, va a tener su origen en unos cargos o abonos que cuando se produjeron en su momento, eran perfectamente lícitos.

De los errores contables, la norma del Impuesto Sobre Sociedades no dice nada explícitamente, pues ya se contemplan en lo propugnado en el artículo 11.3 primero y en el artículo 10.3.

Otra modificación en el ámbito de la imputación temporal, se refiere a las operaciones a plazos. Aquí el Tribunal Supremo (Sentencia de 29/03/2012) dijo que no se podía excluirse ningún tipo de renta de las que se integra en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de la aplicación del criterio de imputación temporal de operaciones a plazos y que cualquiera que fuera la renta, podría acogerse a este criterio.

 Esto ahora tiene perfecta cobertura legal, no excluyéndose ningún tipo de renta en relación a este criterio.

 La Dirección General de Tributos, venía manteniendo que lo que determinaba la imputación de la renta era la exigibilidad del cobro, independientemente de que se produzca o no.

Ahora el legislador de manera expresa atribuye la exigibilidad del vencimiento y no su cobro efectivo, para imputar el ingreso, lo cual no deja de generar dudas a las ya planteadas durante algún tiempo en el ámbito del IRPF.

El Tribunal Económico Administrativo Central (10/09/2015), cuando ha tenido que analizar esto bajo la aplicación de la normativa anterior, ha dicho que la Ley dice “a medida que se efectúen los correspondientes cobros” , no cuando los mismos resulten exigibles.

Luego, con la normativa anterior, si un vencimiento no se cobraba, no había obligación de imputar temporalmente la parte de la renta que se correspondiera con ese cobro.

Esto tiene importancia ahora, porque tenemos una Disposición Transitoria Primera, que establecía que para operaciones a plazos anteriores a la entrada en vigor de la nueva ley, les resultaba aplicable el régimen anterior. Por tanto, si tenemos operaciones a plazos que se hayan producido con anterioridad a 2015, cuyos vencimientos se van a producir en 2015, 2016, 2017, etc, imputaremos la parte de renta correspondiente a estos vencimientos que se van a producir bajo la vigencia de la nueva Ley, a medida que se efectúen los cobros correspondientes en virtud de esta Disposición Transitoria.

La norma también dice que cuando se efectúen pagos mediante pagarés y letras de cambio y se procedan a descontar, se deberá imputar la renta. Yo aquí entiendo, siempre con las debidas cautelas, que esto sería así cuando se produzca el endoso o descuento, siempre que este sea firme, puesto que si el endoso es salvo buen fin, no sería un endoso pleno, en el que yo transfiero el crédito, sino que se trataría de una mera operación financiera, que no transferiría el derecho pleno del cobro del crédito.

Otro de los apartados nuevos que se incorporan al artículo 11 en cuanto al criterio de imputación temporal, se refiere a la no integración en la base imponible a la reversión de gastos que no resultaron fiscalmente deducibles.

Aquí tenemos una consulta de la Dirección General de Tributos, concretamente la V3436-15 de 11/11/2015, donde considera que cuando hay que analizar la aplicación del artículo 11.3 primero en lo que se refiere a la contabilización de un gasto en un ejercicio posterior a su devengo, se mantendrá la imputación en el ejercicio de su contabilización, salvo que de imputar al ejercicio del devengo se produzca una tributación superior.

Esto es posible, pues contabilizar en el año 2015 un gasto del ejercicio 2010 o 2011 por ejemplo, se suele plantear y mucho, sobre todo en relación a los deterioros, que deben registrarse en el ejercicio en que se produce y no de manera acumulada cuando nos interese, habiendo ocurrido este hecho con frecuencia durante los últimos años, sobre todo en empresas que acumulaban muchas pérdidas para no perder capacidad de financiación ante las distintas entidades financieras.

Cabe recordar, que la Dirección General de Tributos, el Tribunal Económico Administrativo Central y recientemente la Audiencia Nacional, vienen a propugnar, que cuando el ejercicio del devengo, está ya prescrito, necesariamente, por la institución de la prescripción, de imputar el gasto al ejercicio del devengo en el que ya no me lo puedo deducir por estar prescrito el ejercicio, en lugar de al de contabilización, se produce una tributación superior y en consecuencia, por aplicación del artículo 11.3 primero, me llevo el gasto al ejercicio del devengo, es decir, no me lo deduzco.

Entrando al fondo del análisis de la Consulta Vinculante anteriormente reseñada (CV3436-15), el contribuyente que la formula, hábilmente plantea la siguiente cuestión: “registro en el año 2014 un deterioro de inmovilizado material correspondiente a varios ejercicios y un 25% del deterioro corresponderá a ejercicios que en el momento en el que voy a presentar la declaración de Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio 2014, ya están prescritos (siendo 2014 el último año donde podemos registrar con carácter de gasto fiscalmente deducible deterioros de inmovilizado material) y pregunta a la Dirección General de Tributos, ¿La reversión de ese deterioro después va a tributar?

En relación a este asunto, señalar, que hay una Disposición Transitoria, que me dice que toda reversión de deterioros que fueron fiscalmente deducibles, la integre en la base imponible y un apartado del artículo 11, concretamente el 5, que me dice que no se imputarán las reversiones de partidas de gasto que no hayan sido fiscalmente deducibles.

La Dirección General de Tributos en la consulta analizada, después de separar claramente la parte de los deterioros que se contabiliza y que corresponde a ejercicios no prescritos de la que corresponde a ejercicios prescritos, respecto a estos últimos, dice, que al no resultar deducibles en el ejercicio 2014 por tratarse de gastos imputados contablemente en un periodo impositivo posterior a aquel del que procede su imputación temporal del que deriva una tributación inferior a la que hubiere correspondido por aplicación de la norma de imputación temporal prevista en el apartado 1 del artículo 19, revertirá total o parcialmente en el periodo en el que se produzca la recuperación de su valor y se integrará en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades del periodo impositivo en que se produzca la recuperación de su valor en el ámbito contable, en los términos de la Disposición Transitoria Decimoquinta de la LIS.

Es decir, si el gasto era fiscalmente deducible, pero por el motivo que sea, no lo hemos deducido, en virtud de esta consulta, la reversión tributaría, criterio que a mi parecer desproporcionado, por tanto, mucho ojo con esta cuestión.

Amortizaciones

La norma fiscal, en determinados casos nos permite incrementar el gasto en concepto de amortizaciones, por ejemplo, nos permite adoptar una regla que casi nadie utiliza, que es la de la utilización de elementos durante más de un turno de trabajo, que por cierto, la Audiencia Nacional con buen criterio, reconoció que era compatible, con los métodos de amortización degresiva, hecho este no admitido por la Dirección General de Tributos, pues aludía únicamente a la compatibilidad con el método de tablas fiscales.

Un elemento que se utiliza durante más de un turno de trabajo, es evidente, que sufre un deterioro más rápido que uno que se utiliza un turno normal y por tanto, debe de admitirse cualquiera que sea el método de amortización.

Si me quiero deducir fiscalmente lo que dice la norma, tengo que necesariamente, registrar contablemente la operación por el importe que pretenda deducirme, puesto que cuando la norma fiscal configura esta regla, no exime de la aplicación del principio de inscripción contable, por tanto, o el gasto está contabilizado o no es fiscalmente deducible.

Como novedad en materia de amortizaciones, indicar que tenemos una nueva tabla de amortización fiscal que simplifica sobremanera la anterior, pasando de en torno a 900 elementos a 33 elementos.

Si ahora en las nueva tabla de amortización fiscal, no se localiza algún elemento concreto de manera clara, nos podemos ir al residual, que sería, coeficiente máximo del 10%, periodo máximo 20 años, con lo cual nos olvidamos de lo anterior.

Esta tabla, no solo la vamos a aplicar a los elementos adquiridos en 2015, sino que será de aplicación a partir de 2015 a todos los elementos, con independencia de cuando se adquirieron.

Si no hay modificaciones con respecto a la tabla anterior, magnífico, todo seguiría igual, el cambio por tanto vendría dado, cuando la nueva tabla contemple un coeficiente mayor o menor al que se venía aplicando con la tabla antigua.

En relación a este punto, cabe señalar una Disposición Transitoria, la Decimotercera, que fija cual es el criterio a seguir y lo hace  diferenciando en función del método de amortización que se venía aplicando.

Si se venía aplicando el método de tablas en función del coeficiente lineal, la norma obliga sin posibilidad de opción, a que a partir de 2015 se aplique la nueva tabla, y si han cambiado los coeficientes, me adapto a los nuevos coeficientes de forma prospectiva (de ahora en adelante como un cambio de estimación contable), calculando la vida útil según la nueva tabla y el valor neto fiscal que quede pendiente de amortizar a principio de año se amortiza en función de la nueva vida útil.

La limitación a la amortización del artículo 7 de la Ley 16/2012 establece de manera expresa, como se lleva a cabo la recuperación de este gasto, y por tanto, será en los términos que este precepto imponga, en los términos en los que se produzca la recuperación.

Mi opinión personal al respecto, es que la recuperación de este gasto y la amortización del bien correspondiente al ejercicio en cuestión deberán ir cada una por su lado en función de lo preceptuado.

En materia de intangibles con vida útil definida, tenemos un año 2015, donde todavía nos queda la aplicación con la nueva Ley, de las modificaciones introducidas, ya que a partir de 2016 cambia radicalmente, pues volvemos al escenario de que todo el intangible se va a contabilizar y por tanto, todo gasto por amortización del intangible a partir de 2016 para que sea fiscalmente deducible, tendrá que estar contabilizado.

En 2015 se mantiene la diferenciación que se establecía en materia contable, entre intangible con vida útil definida e indefinida.

En el primero de ellos, debe de haber amortización contable para que haya gasto fiscal y desaparecen los requisitos que establecía la normativa anterior, en cuanto a que fuera una adquisición a título oneroso y que no fuera a una entidad del mismo grupo.

Surgió la duda para el supuesto de adquisiciones a una entidad del mismo grupo anteriores a 2015, por si ahora a partir de ahora se iban a poder amortizar también fiscalmente y la respuesta es negativa por la Disposición Transitoria Vigésimo Quinta que se introdujo en la última fase de la tramitación parlamentaria, que de manera expresa excluye la aplicación del nuevo régimen, para las adquisiciones a entidades del grupo efectuadas con anterioridad a 2015.

Ojo con el matiz, si quien transmitió el intangible a una entidad del grupo era persona física y no entidad, no estaríamos dentro del supuesto anterior, y sería deducible ahora y antes.

En 2015, sigue siendo aplicable la limitación a la libertad de amortización de la Disposición Adicional Undécima cuando se aplique en cumplimiento de la Disposición Transitoria Trigésimo Séptima del Texto Refundido anterior, y los límites si la inversión se produjo en un periodo impositivo en el que no era de reducida dimensión, siguen siendo del 20% cuando no se exigía mantenimiento de empleo, o del 40% cuando sí que se exigía.

Se introduce un nuevo supuesto de libertad de amortización, el de bienes de escaso valor, que se saca del régimen especial de reducida dimensión y se incorpora para todos los contribuyentes (menos de 300 € y un tope de 25.000 € anuales, referido al periodo impositivo).

Para el intangible con vida útil indefinida y fondo de comercio, se suprimen los requisitos anteriores de adquisición a título oneroso y adquisiciones a entidades que no fueran del grupo y en el caso del fondo de comercio, la dotación de la reserva indisponible, excluyendo la aplicación del nuevo régimen para las adquisiciones a entidades del grupo efectuadas con anterioridad a 2015, siendo aplicables en 2015 los límites del 1% para el fondo de comercio y del 2% para el intangible con vida útil indefinida.

Según el proyecto de Real Decreto que modifica el PGC, cuando se trate de intangibles, los llamados hasta ahora de vida útil indefinida, la adaptación se va a llevar a cabo de forma prospectiva, se va a recalcular la vida útil y se va a deducir en los años que queden de los 10 a partir de 2016, mientras que en el fondo de comercio, parece ser que se va a dar la doble opción, de hacerlo de forma prospectiva, o bien hacerlo de forma retrospectiva, con los correspondientes cargos en la cuenta de reservas.

Recordar en relación a la aplicación de los distintos incentivos, un error frecuente en algunas empresas al objeto de cuando vaya a liquidar el impuesto hacer los mínimos ajustes posibles, contabilizando por tanto, según me deduzco, para no tener que hacer ajustes.

Pues bien, hay 2 sentencias del Tribunal Supremo, que consideran que al no haber ajustes manifestando la voluntad de aplicar el incentivo fiscal, por tanto, que no se va a aplicar y que te van a anular el gasto correspondiente al exceso sobre lo que sería fiscalmente deducible con arreglo al artículo 12 de la Ley.

Si cuando vamos a presentar la declaración del impuesto, nos damos cuenta de que lo hemos hecho mal, tendremos que hacer 2 ajustes, el primero de ellos para ajustar la contabilidad y otro para acogernos de manera expresa al incentivo fiscal.

Pérdidas por Deterioro de Valor

Dentro de las pérdidas por deterioro que recoge la norma contable, vengo a enumerar las siguientes: pérdidas por deterioro del inmovilizado material, intangible, inversiones inmobiliarias, participaciones en cualquier tipo de entidad, instrumentos de deuda pública, créditos por insolvencia de deudores y existencias.

De todas estas pérdidas por deterioro, salvo la de créditos por insolvencia de deudores y la de existencias, del resto nos debemos de olvidar, pues no van a ser fiscalmente deducibles.

La perdida por deterioro de créditos por insolvencia de deudores, es la única que de manera específica se regula en la norma y por tanto, la única en la que la norma fiscal, establece condiciones particulares, para que esta pérdida por deterioro pueda ser fiscalmente deducible.

Como he venido recalcando a lo largo de este post, para que sea fiscalmente deducible, previamente debe de haber sido registrada contablemente, puesto que si no es así, no podremos plantearnos nada.

Si efectivamente ha sido registrado el deterioro contable, tendremos que analizar si con arreglo al artículo 13.1 sería fiscalmente deducible.

Con la nueva Ley 27/2014 para el caso de entidades vinculadas, se nos exige no un procedimiento de insolvencia judicialmente declarada (como nos decía la norma antigua), sino de un proceso concursal y además en el que se haya acordado por el Juez, la apertura de la fase de liquidación, habiéndose restringido sobremanera la deducción de estas pérdidas por deterioro.

También llama la atención, la desaparición de una serie de supuestos, que de manera expresa se recogían en la normativa anterior, como supuestos en los que la pérdida por deterioro no iba a ser en ningún caso fiscalmente deducible.

En concreto se hablaba de créditos garantizados por entidades de crédito, créditos con garantía recíproca, crédito caución o créditos garantizados mediante hipoteca o cualquier otro derecho real en la medida en la que no se hubiera producido el envilecimiento de la garantía.

Estas limitaciones que contenía el antiguo artículo 12 de la Ley, desaparecen en la nueva Ley. Esto en principio, nos podría hacer plantearnos que ya a partir de ahora sí que podríamos deducir estos deterioros, pero este sería el típico error de no interpretar correctamente el Impuesto sobre Sociedades.

Si estas limitaciones fiscales del deterioro han desaparecido de la norma, es porque no es necesario recogerlas, porque estos créditos en condiciones normales, en contabilidad, no pueden motivar el registro contable de una pérdida por deterioro, y este es el motivo por el que desaparecen.

Si contablemente, no existen fundamentos, para recoger la pérdida de un deterioro garantizado por una entidad financiera, salvo que la propia entidad financiera se encuentre en una situación de insolvencia, con la aplicación del artículo 10.3 aunque yo registre esa pérdida por deterioro, no va a ser fiscalmente deducible, pues esta pérdida por deterioro se ha venido a registrar incumpliendo de manera evidente las normas y principios contables.

En relación a la pérdida por deterioro en el valor de las existencias, si analizamos el artículo 13 de la Ley, observaremos como no hay ni una sola mención a esta pérdida por deterioro.

Aquí la norma fiscal, no tiene nada que decir, pues le vale perfectamente lo que dice la norma contable, así pues, en la medida en que se registre un deterioro contable de existencias que se ajuste a las normas y principios contables, este deterioro de valor de las existencias será fiscalmente deducible.

En relación al deterioro de existencias, debo insistir en algo que ya se venía avisando desde la crisis inmobiliaria, pues la Dirección General de Tributos a través de su consulta (V1082-16) viene a aclarar el planteamiento que viene a hacer una empresa inmobiliaria, en relación a la deducción fiscal del deterioro producido en unos solares adquiridos en el año 2007.

Aquí la Dirección General de Tributos, viene a señalar los criterios de la Resolución del ICAC sobre existencias para el registro contable de una pérdida por deterioro del valor de las  existencias.

En esta consulta se vuelve a insistir en varios aspectos que algunas veces olvidamos y se pregunta, ¿Ha habido depreciación de los solares desde 2007? Del 50% o del 60% podríamos decir pues la crisis por la que hemos pasado ha sido tremenda. ¿Está justificado contablemente el registro de una pérdida por deterioro por la tenencia de estos solares? Lo que hace tributos a través de esta resolución es recordarnos, que el solar en sí, no es más que una materia prima que va a formar parte, en su caso, de un producto terminado que será el edificio y que cuando hablamos de materia prima, aisladamente considerada, para poder registrar contablemente un deterioro del valor de esa materia prima, tengo que acreditar, no que la materia prima en sí se ha deteriorado, sino que cuando forme parte de un producto terminado junto con los restantes elementos que se van a incorporar para la fabricación de ese producto, no se va a producir una pérdida, pues en la medida en que yo pueda obtener un beneficio aunque sea muy bajito con la venta del edificio proyectado, ya no hay justificación contable, para el registro de una pérdida por deterioro del valor de los propios solares.

Cosa distinta que no plantea la consulta reseñada, es que se decida vender la materia prima como tal, individualmente porque no se va a construir sobre ese solar.

En este caso sí que procedería dotar una pérdida por deterioro. Aquí la prueba indiciaria juega un papel muy importante en los supuestos en los que yo tenía un solar sobre el que pensaba construir, y después decidí no hacerlo y venderlo individualmente.

Gastos fiscalmente no deducibles

Liberalidades: Se limita el importe del gasto deducible en concepto de atenciones a clientes o proveedores a un 1% del importe neto de la cifra de negocios del periodo impositivo.

Aquí volvemos a la delgada línea que separa a lo que se refiere a atenciones a clientes o proveedores de lo que se refiere a actos tendentes a promocionar un producto.

La Dirección General de Tributos aclaró mediante consulta vinculante (V1474-16) que cuando hablamos de grupo, el límite se calcula a nivel de grupo.

Retribución de Administradores: Seguimos sin resolver el problema. Hasta ahora, el hilo argumental del Tribunal Supremo para declarar la no deducibilidad fiscal de la retribución del administrador era:

Primero aplico la doctrina del vínculo, a continuación aplico la doctrina del milímetro, como no se cumplan requisitos califico como liberalidad y por tanto, gasto no deducible fiscalmente.

Hemos roto aparentemente el hilo argumental del Tribunal Supremo en cuanto ya no hablamos de liberalidad.

En Febrero de 2015 con la nueva Ley ya en el BOE, el Tribunal Supremo, de pronto cambia el concepto de liberalidad por gasto contrario al ordenamiento jurídico y a partir de este momento en lugar de hablar de liberalidad, habla de gasto ilícito.

En cierto modo, se ha resuelto la aplicación de la doctrina del milímetro por la legislación mercantil y no por la fiscal. La retribución del cargo, debe de estar prevista en estatutos, la forma también y otra cuestión sería la cuantía donde aquí la Junta General sí que tiene el mayor margen de maniobra para fijar anualmente la cuantía.

En cuanto a la retribución para los consejeros ejecutivos, volvemos a tener nuevamente otra discusión encima de la mesa. ¿Debe ser estatutaria o no estatutaria? ¿Esta retribución para que sea legal, tiene que estar fijada en estatutos de la misma forma que la de los artículos 217 y siguientes? La Dirección General del Registro y Notariado entiende que no debe ser estatutaria, mientras que los Tribunales entienden que sí, así que otro culebrón para el verano.

Expresamente se establece la no deducibilidad de los gastos derivados de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico. ¿Esto a que se refiere? ¿Es necesario que un Juez lo diga, o basta con que la administración tributaria a la vista de los hechos y de las normas que resultan de aplicación decida que un acto es contrario al ordenamiento jurídico?. Pues planteado está y a ver cómo se resuelve, pues la posición de la Dirección General de Tributos no llega a resolver esta situación.

Operaciones híbridas: Son operaciones vinculadas, tienen que producirse en un entorno de vinculación con arreglo al artículo 18 de la Ley. La idea es, cuando hay una operación vinculada, si hay un gasto en una de las partes, en la otra debe de haber un ingreso que al menos tribute al 10%. Como en la otra parte no haya ingreso o el ingreso que hay tribute por debajo del tipo nominal del 10%, el gasto no sería deducible.

Entonces, si nos movemos en una operación vinculada que para una de las partes es un ingreso exento, el gasto que se genera en la otra, no se podría deducir fiscalmente por aplicación de este apartado. Si en lugar de tratarse de un ingreso exento, es un ingreso sujeto a tributación, pero la tributación de este ingreso, es por un tipo inferior al 10% tampoco habría gasto fiscalmente deducible.

Intereses de Demora de las Actas de Inspección: Situación esperpéntica en la que la Dirección General de Tributos se ha tenido que pronunciar tras la pésima actuación de la Agencia Tributaria.

El 07 de Mayo de 2015 el TEAC analiza la deducción fiscal de los intereses de demora liquidados en un acta de inspección y concluye que no son fiscalmente deducibles. Repugna al principio de justicia consagrado en el artículo 1 de la Constitución que el autor de un acto contrario al ordenamiento jurídico obtenga un beneficio o ventaja fiscal.

A la vista de este pronunciamiento la Dirección General de Tributos a través de las consulta V4080-15 y V0613-16 manifiesta que los intereses de demora liquidados en actas de inspección son fiscalmente deducible.

La Agencia Tributaria, a la vista de la controversia generada entre la Dirección General de Tributos y el TEAC, se pronuncia y se postula a favor del TEAC y por tanto los intereses de demora liquidados en actas de inspección no son fiscalmente deducibles ni los suspensivos al tener su origen en actos antijurídicos.

A la vista de esto, debemos preguntarnos, ¿Cuántas veces se liquida y no se sanciona?. Si no se sanciona, no hay acto antijurídico, por tanto, el argumento no puede ser que en todo caso los intereses no son deducibles por tener su origen en un acto ilícito ya que si no me sancionan, el origen no puede ser ilícito.

La Dirección General de Tributos a la vista del penoso informe de la Agencia Tributaria, publica una resolución en el BOE que comienza diciendo que el competente para interpretar las normas tributarias es la Dirección General de Tributos (esto para delimitar el territorio) y a continuación pasa a señalar que se ha aprobado una nueva Ley de Impuesto sobre Sociedades, donde se han introducido importantes cambios, y algunos de estos cambios se producen precisamente en el ámbito de los gastos fiscalmente no deducibles, no habiendo lugar a contradicción entre unos y otros, pues el TEAC está resolviendo una situación creada bajo la normativa anterior, mientras que las consultas de la Dirección General de Tributos, se refieren a la normativa actual, luego no hay lugar a conflicto entre la doctrina del TEAC y la de la Dirección General de Tributos.

Se vuelve a aludir nuevamente al artículo 10.3 al no haber precepto específico en la Ley del Impuesto de Sociedades que regule la deducción fiscal de los intereses de demora.

Entonces tendremos que atenernos a lo que diga la contabilidad, pues si es gasto contable será gasto fiscal, salvo que se encuentre entre los gastos fiscalmente no deducibles del articulo 15.

Recordar que entre los gastos fiscalmente no deducibles del artículo 15 se encuentran aquellos contrarios al ordenamiento jurídico. Pero, ¿cómo deberíamos de interpretarlo? en mi opinión, cuando el propio gasto en sí es contrario al ordenamiento jurídico y por tanto es susceptible de ser sancionado administrativa o penalmente. Ejemplo: El pago del soborno es un gasto ilícito (el propio gasto en sí).

Posteriormente concluye la Dirección General de Tributos, que se contabilizarían como un gasto financiero, así que ¡ojo! con el límite del artículo 16 que incorpora la imputación temporal y alude a la resolución del ICAC.

Por tanto, si en el momento en el que tuviste que dotar una provisión (momento en el que me liquidan un acta) no la dotaste, ahora tendrías que hacer un cargo a reservas.

Operaciones Vinculadas

La retribución de administradores ya no es una operación vinculada al no haber comparable, pues toda operación realizada entre una sociedad y su administrador hasta ahora era vinculada, luego no teníamos comparable válido nunca.

El resto de operaciones que haga una sociedad con su administrador, sí que serán vinculadas, pues solo se suprime la vinculación del párrafo anterior.

Ahora se eleva al 25% el porcentaje que tenemos que tener en una sociedad mercantil para que se entienda que existe vinculación.

En sociedades profesionales, se exige que se impute al socio profesional al menos el 75% del beneficio y se quede el 25% restante en la sociedad, aunque ojo, pues se están empezando a liquidar actas a sociedades profesionales en las que no existe una estructura organizativa definida, exigiendo que se impute al socio profesional el 100% del beneficio.

La valoración mínima de las retribuciones de los socios en caso de que haya otros profesionales, se reduce de 2 veces el salario medio de profesionales no socios, a 1,5 veces de dicho salario medio.

Si no hubiera otros profesionales distintos de los socios, la retribución mínima pasa de dos veces el salario medio anual (44.200,00 €) a 5 veces el IPREM (31.950,65 €).

Se contempla ahora algo, que antes en la antigua Norma no se contemplaba, pues siempre que hay un valor pactado que difiere de valor de mercado, tenemos 2 ajustes:

Uno el ajuste primario (siempre bilateral) y que pretende valorar a valor de mercado, la relación existente, entre el socio y la entidad (inevitable).

Y a continuación, está el ajuste secundario, que se practica por la diferencia entre el valor pactado y el valor de mercado. Aquí la carga de la prueba corresponde a la administración.

La nueva Ley incorpora un aspecto esencial y es la posibilidad de que se lleve a cabo la restitución patrimonial y así evitemos el ajuste secundario.

El primario no se podrá evitar nunca al ser bilateral, pero si el secundario, que es el que genera mayores perjuicios por doble imposición.

Me permiten hacer la restitución patrimonial antes de que se dicte el acuerdo de liquidación. Aún con acta levantada, todavía estaríamos en periodo de hacer la restitución patrimonial y evitar antes de que se dicte el acuerdo de liquidación, el ajuste secundario.

En la restitución patrimonial se plantean dos temas interesantes:

Ejemplo: Si el valor de mercado que hemos fijado en el procedimiento de retribución de la sociedad al socio es muy inferior al que se debiera, ¿estaría obligada la sociedad pagarle el resto al socio antes de que se dicte el acuerdo, o podría reconocerlo en una cuenta acreedora?

A mi entender, la restitución debería pasar por el crédito o débito pero no por el cobro efectivo.

Otro aspecto interesante que se plantea respecto a este tema, es ver para que operaciones se va a admitir esto. No está dicho por ningún sitio si la restitución patrimonial sería aplicable a operaciones efectuadas con anterioridad a la entrada en vigor de la norma.

Principio de estanqueidad: el valor de mercado determinado a efectos de la operación vinculada, no vincula a efectos de otros impuestos y lo que se haga a efectos de otros impuestos, no vincula para esto.

Esta cuestión se planteó porque el Tribunal Supremo, cada vez más insiste en la aplicación del principio de unicidad del criterio administrativo y con mucha razón a mi entender, viene a decir, que lo que no puede ser, por poner un ejemplo, es que si una administración autonómica valora un inmueble a efectos de ITP en una cantidad, después venga la AEAT a efectos de IRPF o a efectos de Impuesto Sobre Sociedades, y diga que su valor es distinto.

A mi entender este principio terminará declarándose inconstitucional, pues pretende romper el principio de unicidad del criterio administrativo.

Exención en la Transmisión de Inmuebles: Los inmuebles adquiridos entre el 12 de mayo y el 31 de diciembre de 2012, siempre que fueran urbanos, que se hubieran adquirido a título oneroso y que no se hubieran adquirido o se transmitan a entidades del grupo o personas vinculadas, gozarán de una exención del 50% de la renta positiva generada. Si tenemos pérdidas, estas no se reducen. Si se ha utilizado criterio de amortización acelerada o libertad de amortización, el 50% no se aplica sobre la parte de la reversión de esa amortización acelerada o de la libertad de amortización.

Eliminación de la Doble Imposición Interna e Internacional

Aquí hay un añadido, pues para la aplicación de la deducción por doble imposición, donde antes me exigían que como mínimo tuviera el 5%, ahora me dan la opción del 5% o de un precio de adquisición de 20 Millones de euros.

Por el contrario, desaparece el 50% de la eliminación de la doble imposición que teníamos antes, cuando la participación era inferior al 5%.

Aquí ha habido un cambio fundamental, y que tenemos que aprovechar mientras se mantenga vigente, pues hasta ahora, cuando se transmitían participaciones, la base de la deducción era los beneficios generados durante el periodo de tenencia de la participación que no habían sido objeto de reparto, es decir, me quitaban de la aplicación de la deducción por doble imposición, la parte de beneficio que yo podía obtener por la existencia de plusvalías tácitas en la sociedad, de manera que si yo tenía unas acciones que me costaron en su momento 100, estas acciones se habían revalorizado después gracias a una plusvalía tácita, en 200 y gracias a beneficios no distribuidos en 300, mis acciones valían 600 y si las vendía por 600, como me habían costado 100 ganaba 500 y solo se me reconocía la deducción por doble imposición por los 300 de los beneficios no distribuidos, pero no por los 200 de la plusvalía.

Ahora, salvo que se trate de entidades patrimoniales, se reconoce por toda la plusvalía.

Por ello evidentemente es el momento, de que si tenemos participaciones de entidades con plusvalías tácitas, las pasemos a otra sociedad, porque no vamos a tributar por esta renta, y vamos a actualizar el valor con la propia plusvalía de cara por ejemplo a futuras transmisiones.

No sé por cuanto tiempo va a estar vigente esta cuestión, pues este tipo de normas me mosquean sobremanera, suelen tener nombres y apellidos, pues cuando el destinatario de la norma haga su operación, será probable que la cambien.

Régimen Transitorio: El régimen transitorio, viene entre otros a señalar, que si había pérdidas por deterioro de las que fueron fiscalmente deducibles hasta 2013, que sepamos que si revierten en los mismos términos que regulaba el artículo 12.3, van a tributar y que tengamos en cuenta que al mezclar posibles pérdidas por deterioro de 2013 con años posteriores en las que no han sido fiscalmente deducibles, las primeras recuperaciones se van a imputar a los años en los que me deduje fiscalmente.

Cuando me entero que las pérdidas por deterioro, ya no van a ser fiscalmente deducibles, una forma de evitar la recuperación de esos deterioros, es repartir dividendos, para que el patrimonio neto de la sociedad no incremente, por esto, me dicen ¡ojo! si te dedujiste deterioros al amparo del artículo 12.3 y repartes dividendos y estos dividendos, no minoran el valor de adquisición y además tienen derecho a deducción por doble imposición, se deberá tributar por ello.

Reserva de Capitalización

Básicamente consiste en una deducción del 10% en la base imponible del incremento de los fondos propios habidos en el año 2015, motivados por beneficios obtenidos en el año 2014 que ni es objeto de reparto ni va a reservas legales o estatutarias.

Este año quizá no revista demasiados problemas, pero a partir del año que viene, entiendo que aparecerán problemas sobre todo en relación a los incrementos de los fondos propios a computar.

Lo anteriormente reseñado, puede producir cierta confusión, como por ejemplo si la propia reserva de capitalización que dotemos este año se va a computar o no a efectos de los incrementos de los fondos propios.

En resumen, La base del incremento de los fondos y por tanto, la base de la reducción, va a ser beneficio del ejercicio 2014 que ni se distribuye ni va a reservas legales o estatutarias. Sobre este importe, podría deducir el 10% con el límite del 10% de la base imponible. Si opera el límite, me dan 2 años más para que reduzca.

Tendría que dotar una reserva indisponible por el importe de la reducción con cargo a cualquier beneficio.

Tengo que mantener durante 5 años el incremento de los fondos propios y tengo que dotar la reserva en 2016, dentro del plazo de aprobación de las cuentas anuales de 2015.

Reserva de Nivelación

La reserva de nivelación constituye una especie de sistema de compensación hacia atrás de bases imponibles negativas, aplicable a empresas de reducida dimensión.

No se puede dotar la reserva de nivelación con los mismos beneficios que la de capitalización, pues son incompatibles. Sí que podría dotarlas las dos con beneficios distintos. La de nivelación la puedo dotar con beneficios de 2015.

Consiste en una reducción del 10% de la base imponible previa con el límite de 1 millón de euros. En este año es muy interesante, pues toda la base imponible que sobrepase los 300.000 € tributará al 28% mientras que la recuperación posterior de esta reserva se va a producir como máximo al tipo del 25%.

No podrán utilizar esta opción, las entidades de nueva creación que realicen actividades económicas y apliquen durante el primer periodo impositivo en que la base imponible resulte positiva y en el siguiente el tipo del 15%.

Esta reserva pretende compensar anticipadamente bases imponibles negativas y en definitiva lo que me permite es que me compense hoy una base imponible negativa que voy a obtener en un futuro.

Compensación de Bases Imponibles Negativas

En 2015 se aplican por la Disposición Transitoria Trigésimo Cuarta, los límites que se venían aplicando en los años anteriores, es decir, 25% o 50% según que la cifra de negocios fuera superior a 60 millones de euros o entre 20 y 60 millones de euros.

En relación a este asunto hay varias consulta de la Dirección General de Tributos muy interesantes, pues una de las cuestiones que introduce la nueva Ley es que incorpora un límite del 70%, 60% para 2016, pero permite en todo caso, compensar 1 millón de euros.

Entonces se planteó si en 2015, donde no se va aplicar lo dispuesto en el artículo 26, sino que se va aplicar la Disposición Transitoria Trigésimo Cuarta, a pesar de esos límites del 25% y 50%, en todo caso se podría compensar 1 millón de euros, al estar en vigor la nueva Ley.

Aquí la respuesta de la Dirección General de Tributos ha sido clara y se ha pronunciado diciendo que en todo caso se puede compensar 1 millón de euros.

Cuidado con la adquisición de sociedades con pérdidas, pues tenemos una limitación importante a la compensación de bases imponibles negativas.

Hasta ahora la norma era algo confusa, pues limitaba en parte, la compensación de bases imponibles negativas y ahora todo ha cambiado, pues cuando se adquiera más del 50% de una sociedad en la que no se participaba al menos en el 25%, generalmente se va a producir una limitación a la compensación de bases imponibles negativas, en los supuestos en que lleve más de 3 meses inactiva, o que cambie in extremis la actividad y más del 50% del importe neto de la cifra de negocio no se corresponde con lo que obtenía antes, o paralización de inscripción registral por haber sido declarada fallido o por no haber presentado las 3 últimas declaraciones del Impuesto sobre Sociedades o por tratarse de una entidad patrimonial.

En los casos citados anteriormente, no se van a poder compensar las bases imponibles negativas en el momento de la entrada, por tanto, la adquisición de sociedades con pérdidas, a partir de ahora, va a ser algo más complicada, salvo que se adquiera una sociedad, que se dedique a la misma actividad que yo me dedico, que se continúe en la misma actividad y que no llevara más de 3 meses inactiva, entre otras.

Limitación a Comprobación: Prescripción a 10 años para comprobar bases imponibles negativas. Todas las bases imponibles generadas de 10 años hacia atrás, no son susceptibles de comprobación por parte de la administración.

Régimen de Entidades de Reducida Dimensión

Ahora de forma expresa se excluyen a las entidades patrimoniales.

Se dice expresamente, que se tengan en cuenta las eliminaciones e incorporaciones en el caso de empresas que forme parte de un mismo grupo.

Desaparece la libertad de amortización de bienes de escaso valor, desaparece la amortización acelerada por reinversión, aunque debemos de tener en cuenta el Régimen Transitorio y que por tanto, prima el momento en el que se realizó la transmisión, pues si en este momento éramos empresa de reducida dimensión, disponíamos de 3 años para reinvertir el importe. Todo lo reinvertido en esos 3 años, puede acogerse a la amortización acelerada del antiguo artículo 113.

Hay que tener en cuenta que para la libertad de amortización condicionada a la creación de empleo, ahora me exigen, que los elementos estén afectos, algo que antes no me exigían.

Otra cuestión interesante en relación a las empresas de reducida dimensión, sería la del deterioro global del 1%. Aquí volvemos a lo mismo, pues no se exime del principio de inscripción contable para la deducción de este gasto, por tanto, si pretendo deducirme el 1% permitido con arreglo al artículo 104, tengo que tener contabilizado el deterioro por este importe, pues aunque el límite que resulte del artículo sea superior, si he contabilizado menos, solo me podré deducir lo contabilizado.

Para calcular este límite, debo de tener en cuenta los saldos deudores y debo excluir aquellos por los que haya aplicado un deterioro individual, o que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13.1 no resulten fiscalmente deducibles.

Deducciones

Se eliminan las deducciones para el fomento de las TIC, la de reinversión de beneficios extraordinarios, las deducciones por inversiones medioambientales y las deducciones por gastos de formación profesional.

Se viene a incorporar la deducción por creación de empleo, pudiendo deducir de la cuota íntegra 3.000 € las empresas que contraten a su primer trabajador a través de un contrato de los definidos en el artículo 4 de la Ley de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, y hasta 9.000 € por cada persona/año de incremento de plantilla de trabajadores con discapacidad (grado entre el 33% y el 65%)  contratados durante el año y respecto a la plantilla media de trabajadores de la misma naturaleza del año anterior y hasta 12.000 € si el grado de discapacidad supera o iguala el 65%.

Las empresas que tengan en plantilla a menos de 50 trabajadores cuando acuerden contratos de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a emprendedores, con desempleados beneficiarios de una prestación contributiva por desempleo, se podrán deducir de la cuota íntegra el 50% del menor de los siguientes importes:

-       El correspondiente a doce mensualidades de la prestación por desempleo que tuvieran reconocida.

-       El importe de la prestación por desempleo que el trabajador tuviera pendiente de percibir en el momento de la contratación.

Se establece una deducción por actividades de innovación tecnológica, por el 12% de los gastos efectuados en el periodo impositivo.

Además se mantiene la deducción en los conceptos de I+D y en la base de la deducción.

Como podemos observar, cambios de profundo calado que deberemos de tener en cuenta en la declaración del Impuesto Sobre Sociedades correspondiente al ejercicio 2015 que presentaremos dentro de escasos días.

Mucho ánimo y esfuerzo supremo para este complejo mes de Julio, pues pronto llegará el merecido descanso que disfrutaremos sobremanera si somos capaces de hacer los deberes bien hechos en estos días.

Recibid un cordial saludo, 

 

Pascual López Villén

Economista.-

Twitter: @eco12_

Facebook: https://www.facebook.com/pascual.lopezvillen

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